By El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha impuesto sanciones a ocho mexicanos y doce empresas mexicanas vinculadas al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción conocida como “Los Chapitos”. Estas entidades están acusadas de suministrar precursores químicos utilizados en la producción ilícita de fentanilo, una droga sintética que ha contribuido a una crisis de salud pública en EE. UU.
¿Qué implica esta sanción?
Las sanciones congelan los activos de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de EE. UU. realizar transacciones financieras con ellos. Además, se les bloquea el acceso al sistema financiero estadounidense, dificultando sus operaciones comerciales y financieras internacionales.
Empresas y personas sancionadas
Las doce empresas afectadas operan en diversos sectores, incluyendo farmacéutico, químico, inmobiliario y de limpieza. Entre ellas se encuentra Sumilab, una empresa previamente sancionada en 2023 que continuó sus actividades mediante empresas fachada. Los ocho individuos sancionados son responsables de gestionar estas empresas y facilitar el suministro de precursores químicos al Cártel de Sinaloa.
Contexto de las sanciones
Esta acción forma parte de los esfuerzos continuos de la administración del presidente Donald Trump para combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas que ingresan a Estados Unidos desde México. En junio de 2025, el gobierno estadounidense ya había designado a “Los Chapitos” como una organización terrorista extranjera, incluyendo a dos de sus líderes fugitivos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Además, en septiembre de 2025, se impusieron sanciones a otra facción del Cártel de Sinaloa, conocida como “Los Mayos”, por actividades similares.
Repercusiones para México
Estas sanciones subrayan la creciente presión internacional sobre México para abordar el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas. El gobierno mexicano ha expresado su preocupación por la falta de evidencia concreta presentada por EE. UU. en relación con estas sanciones, pero también ha reiterado su compromiso de actuar contra actividades ilícitas en su territorio.
