TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.- El gobernador de Chiapas aseguró que algunas personas desplazadas por la violencia podrían estar vinculadas con individuos que enfrentan procesos penales. Esta declaración generó reacciones encontradas entre organizaciones de derechos humanos y autoridades locales.
Declaración del gobernador
Aunque no existen registros públicos de la afirmación exacta, durante eventos recientes —como conferencias de seguridad en Frontera Comalapa— autoridades estatales, incluido el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, han negado que existan desplazamientos forzados en la entidad. No se ha confirmado una vinculación penal directa de los desplazados.
Contexto del desplazamiento en Chiapas
Chiapas es el estado más afectado del país por desplazamiento interno debido a la violencia: en 2023 se registraron 11 mil desplazados, mientras que en 2024 esa cifra aumentó a alrededor de 26 mil —datos del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC)–
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Las organizaciones locales, como Frayba, han documentado que estos desplazamientos son resultado del enfrentamiento entre cárteles —CJNG, Sinaloa y otros— y no hay evidencia pública que sugiera nexos penales entre los desplazados.
Además, si bien el fiscal y autoridades de seguridad han negado la existencia de desplazamientos forzados, una brigada guatemalteca ha atendido a decenas de chiapanecos refugiados en el país vecino, lo que confirma la crisis humanitaria aunque autoridades locales la minimicen.
Reacción de organizaciones y defensores de derechos humanos
Comunidades desplazadas y organismos como Frayba y Las Abejas han denunciado que la violencia es real y prolongada. Algunos desplazados han acusado al gobierno de minimizar o silenciar la crisis utilizando “otros datos” que no reflejan el horror en el terreno.
También comunidades indígenas exigen desarme de grupos criminales y justicia por las masacres, advertiendo que no se restablecerá el orden sin acciones concretas.
