HERMOSILLO / CIUDAD DE MÉXICO.– El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, integrado por familiares de las 49 víctimas del incendio de 2009 en la Guardería ABC, informó hoy la presunta detención en Eloy, Arizona, de Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la estancia infantil, mediante una ficha roja de Interpol para ejecutar una orden de reaprehensión vigente desde 2022.
El mismo colectivo envió una carta pública dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al fiscal Alejandro Gertz Manero, en la que exigió su deportación y extradición inmediatas hacia México para que cumpla la sentencia definitiva en su contra. También cuestionaron el silencio oficial tras la aprehensión y el hecho de no haber sido informadas ellas como víctimas indirectas.
Según la agrupación, un bufete de abogados en Arizona estaría gestionando un amparo consular y una solicitud de asilo político para Téllez Nieves, con el argumento de que es una perseguida política —una estrategia, señalaron, para evadir la justicia mexicana, que la señala por homicidio culposo agravado de 49 niños y lesiones culposas a más de 106 menores
El contexto del caso
- El 5 de junio de 2009, un incendio en una estancia subrogada por el IMSS en Hermosillo dejó un saldo de 49 menores fallecidos y más de 70 lesionados por inhalación de humo y quemaduras.
- En 2009, la PGR obtuvo órdenes de aprehensión contra los socios de la Guardería ABC. Sin embargo, Sandra Lucía Téllez Nieves obtuvo un amparo, lo que le permitió enfrentar las acusaciones en libertad tras pagar fianza de 6 mdp; en 2016 fue sentenciada a 28 años, pero tras amparos la pena se redujo a 5 años y 7 meses en 2022.
- Desde 2022 figura como “prófuga de la justicia”, con una orden activa de reaprehensión y ficha roja de Interpol.
¿Qué está en juego?
1. Extradición inminente o amparo legal: El colectivo advierte que los mecanismos legales se utilizan para bloquear la extradición, justo cuando Téllez Nieves habría tramitado una protección en EE.UU. para evitar ser devuelta a México.
2. Silencio institucional: Hasta ahora, ninguna dependencia federal —ni Secretaría de Relaciones Exteriores ni la FGR— ha confirmado oficialmente la detención; esto preocupó a los familiares, quienes aseguran no haber sido notificados formalmente como víctimas indirectas 3. Justicia que quedó pendiente: Tras 16 años de los hechos, solo 10 implicados han sido condenados, y la mayoría no ha cumplido condena efectiva; las organizaciones también critican la reducción de sentencias mediante amparos.
