CAMPECHE .-En Campeche, una jueza del Segundo Juzgado de Control impuso medidas cautelares inéditas al diario digital Tribuna Campeche: ordenó que el medio revele el nombre y datos de su community manager en un plazo de 48 horas y le asignó un censor judicial que deberá revisar y aprobar cualquier publicación que mencione a la gobernadora Layda Sansores San Román. La resolución también incluye una multa de 5,657 pesos si incumplen la orden.
Desde el mismo jueves, el diario decidió suspender toda nota relacionada con Sansores hasta que la medida no sea revertida, argumentando que se trata de una estrategia para silenciar críticas justo antes de su Cuarto Informe de Gobierno.
Organizaciones como Artículo 19 y defensores de la libertad de expresión denunciaron que esta decisión equivale a censura previa, una práctica prohibida por la Constitución. Raúl Trejo Delarbre, académico de la UNAM, calificó la medida como un abuso jurídico que busca interferir directamente en el trabajo periodístico.
Este caso se suma a un patrón creciente en México donde se utilizan procesos judiciales para restringir el periodismo crítico, especialmente bajo figuras políticas importantes. Campeche se ha convertido en uno de los focos más preocupantes de esta tendencia, impulsando debates sobre reformas urgentes al derecho a la libre expresión.
