La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó los permisos de operación a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., fundada por Alfonso Romo impidiendo que esta firma financiera continúe operando como casa de bolsa en México, según lo publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La medida también abarca la revocación de las autorizaciones para Vector Fondos, la sociedad operadora de fondos de inversión vinculada a la firma, lo que marca el fin de sus actividades bajo esas figuras dentro del sistema financiero mexicano.
Solicitud voluntaria tras señalamientos internacionales
De acuerdo con los documentos oficiales, Vector solicitó de manera voluntaria el retiro de sus autorizaciones a la CNBV el 1 de diciembre de 2025, conforme al artículo 154 de la Ley del Mercado de Valores. La autoridad determinó que la petición cumplía con los requisitos legales y procedió a revocar las licencias.
La decisión ocurre casi seis meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), señalara a Vector —junto con CIBanco e Intercam— por presuntas actividades relacionadas con lavado de dinero vinculado a cárteles y organizaciones criminales, lo que afectó su reputación y operaciones.
Proceso de transferencia y garantía para clientes
Antes de la revocación, Vector llegó a acuerdos con otras casas de bolsa para transferir cuentas y activos de clientes, con el objetivo de proteger la continuidad de sus inversiones. Entre ellas, Finamex Casa de Bolsa asumió la administración de las carteras.
Qué implica la medida
Con esta decisión, Vector Casa de Bolsa y su operadora de fondos dejan de participar formalmente en el mercado bursátil mexicano. La firma había operado durante varias décadas, siendo una de las casas de bolsa con mayor trayectoria en el país antes de la cancelación de sus licencias.
Las autoridades financieras señalaron que la revocación se realizó con base en la normatividad vigente y que se buscará garantizar la protección de los intereses de los inversionistas afectados por el cierre de operaciones.
